Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) habrían permitido que cientos de miles de pastillas con fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México entre 2023 y 2025, según denuncias de un agente y registros internos revisados que describen entregas vigiladas pero no incautadas.
La denuncia asegura que, en al menos un caso de junio de 2023, los investigadores registraron la entrega de 74,000 pastillas en un parque de casas móviles. Fuentes internas han señalado que, durante una investigación de mayor alcance, cantidades aún mayores —incluyendo el reporte de 1.8 millones de pastillas— habrían sido dejadas circular sin intervención inmediata.
Los denunciantes sostienen que la táctica buscaba preservar evidencias y seguir las cadenas de suministro para capturar a líderes del tráfico, pero advierten que la estrategia puso en riesgo la seguridad pública y pudo contribuir a sobredosis y muertes en comunidades afectadas.
La DEA ha argumentado que no es posible incautar cada envío y que las decisiones operativas estuvieron encaminadas a desarticular organizaciones más grandes; sin embargo, las críticas internas señalaron que la práctica contradecía protocolos diseñados para priorizar la protección de la población frente al fentanilo.
El caso ha activado respuestas institucionales: autoridades federales abrieron una revisión interna y representantes estatales solicitaron investigar si las acciones violaron leyes locales. Además, legisladores han pedido explicaciones y hay llamadas a revisar las directrices que regulan las incautaciones de este opioide sintético.
Especialistas en salud pública recuerdan que cantidades pequeñas de fentanilo pueden ser letales y que la circulación de pastillas falsificadas ha agravado la crisis de sobredosis en varias regiones. En medio del debate, algunas operaciones policiales posteriores lograron decomisar millones de pastillas, resultado que las autoridades han presentado como parte de investigaciones de mayor alcance.
La controversia reabrió el debate sobre el equilibrio entre la investigación federal contra el narcotráfico y la protección inmediata de las comunidades más afectadas, mientras continúan las solicitudes de aclaración y las indagatorias oficiales.
