El Gobierno de Argentina presentó el 13 de octubre de 2026 una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, frente a las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama el país sudamericano.
La petición busca impedir que continúe la explotación de hidrocarburos mientras se resuelve la controversia entre Argentina y el Reino Unido. El gobierno de Javier Milei sostiene que los permisos otorgados a las empresas por las autoridades de las islas son ilegales y que las actividades podrían afectar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.
El proyecto Sea Lion
Sea Lion es un desarrollo offshore operado por Navitas, que posee 65 por ciento del proyecto, mientras que Rockhopper mantiene el 35 por ciento restante. Las compañías pretenden avanzar hacia la extracción de crudo, con el inicio de la producción previsto para 2028.
Argentina considera que la autorización de estas actividades agravaría la disputa por la soberanía de las Malvinas. En septiembre, el Ejecutivo argentino anunció que iniciaría un procedimiento de arbitraje con base en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como CONVEMAR.
Escalada diplomática y jurídica
Antes de acudir al Tribunal del Mar, Argentina dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para adoptar medidas que detuvieran el proyecto. Londres rechazó el planteamiento y defendió el derecho de los habitantes de las islas a utilizar sus recursos naturales, además de sostener que las actividades de hidrocarburos cumplen con la legislación local y el derecho internacional.
La Cancillería argentina respondió que someter la controversia a un tribunal internacional constituye una vía institucional para resolver las diferencias y que ambos países son parte de la CONVEMAR. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene su sede en Hamburgo, Alemania.
La solicitud internacional se suma a otras acciones impulsadas por Argentina. En septiembre, un juzgado federal argentino ordenó suspender el avance del proyecto hasta que se tramite la evaluación de impacto ambiental correspondiente, aunque la aplicación de esa medida depende de la cooperación internacional y de la actuación de las empresas involucradas.
Navitas y Rockhopper han mantenido su decisión de continuar con Sea Lion, mientras que algunas compañías de servicios petroleros anunciaron que no participarán en las actividades del proyecto. La presentación ante el Tribunal del Mar abre ahora una nueva etapa jurídica en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas y sus recursos naturales.
