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Eliseo Fernández deberá pagar un millón de pesos por daño moral a Layda Sansores

Una sentencia civil condenó a Eliseo Fernández Montúfar, exalcalde de Campeche y exaspirante a la gubernatura, a pagar un millón de pesos a la gobernadora Layda Sansores San Román por concepto de daño moral, derivado de expresiones publicadas en redes sociales durante 2022. La resolución fue impugnada por la defensa y permanece en proceso de apelación, por lo que todavía no es firme.

El fallo fue dictado a principios de septiembre de 2026, luego de una demanda civil promovida por Sansores a raíz de publicaciones que fueron señaladas como denotativas y misóginas. La indemnización establecida asciende a un millón de pesos.

La resolución aún puede ser modificada

La defensa de Fernández Montúfar presentó una impugnación contra la sentencia, por lo que el procedimiento continúa ante la instancia de apelación. Mientras no exista una resolución definitiva, el pago de la indemnización no puede considerarse exigible como una condena firme.

El caso civil se originó por expresiones difundidas en redes sociales en 2022, cuando Sansores y Fernández mantenían una confrontación política en Campeche. La controversia se suma a otros procedimientos de carácter electoral y penal relacionados con señalamientos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Impacto en el escenario político de Campeche

La resolución ocurre en un contexto de definiciones rumbo a las elecciones de 2027, en las que Fernández Montúfar ha sido mencionado como posible aspirante de Movimiento Ciudadano al gobierno estatal. La situación jurídica del exalcalde podría influir en las decisiones de su partido, aunque cualquier efecto electoral dependerá de los procedimientos pendientes y de las resoluciones que emitan las autoridades competentes.

Dirigentes de Movimiento Ciudadano han calificado el fallo como parte de una estrategia de persecución política contra Fernández Montúfar, mientras que el gobierno estatal sostiene la validez de la resolución civil. Por ahora, el punto central es que la sentencia de un millón de pesos continúa bajo revisión judicial.

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