Gabriela Gómez exige avances en la investigación iniciada tras la detención de su hija Aline, de 24 años, ocurrida durante la madrugada del 31 de mayo en Torreón, Coahuila. Según el testimonio de la madre, la joven esperaba un vehículo solicitado mediante una aplicación al salir de un bar cuando una policía municipal la detuvo y posteriormente fue trasladada a instalaciones de Seguridad Pública y al Centro de Reinserción Social de Torreón.
La familia sostiene que Aline permaneció incomunicada y que, cuando Gabriela logró localizarla alrededor de las 6 de la mañana, presentaba múltiples golpes. La madre afirma que dictámenes médicos, psicológicos y periciales documentaron lesiones físicas, sexuales y psicológicas, por lo que se inició una investigación relacionada con presunta violencia sexual y otra remitida al área especializada en tortura.
Más de 100 días después de que la denuncia se hizo pública, Gabriela asegura que la carpeta de investigación no ha avanzado de manera suficiente. También afirma que los procedimientos administrativos promovidos ante Asuntos Internos siguen pendientes y que los elementos señalados continúan trabajando mientras se esclarecen los hechos.
La versión de la familia sobre la detención
De acuerdo con la madre, la detención ocurrió aproximadamente a la 1:50 de la madrugada, después de que Aline saliera de un bar y esperara un transporte. La familia recibió inicialmente la versión de que la joven había sido detenida por amenazas contra elementos de Seguridad Pública, aunque Gabriela sostiene que una agente del Ministerio Público posteriormente reconoció que Aline podía ser víctima y cuestionó que hubiera sido ingresada al Cereso.
La madre también señala que Aline fue llevada primero a instalaciones de la Policía Municipal, donde habría sido elaborado un dictamen médico legista alrededor de las 2:45 horas. Gabriela afirma que ese documento contenía información falsa y que, posteriormente, en el Hospital General de Torreón se registraron lesiones y signos de agresión sexual que no habían sido asentados en el primer dictamen. Por este motivo, sostiene que también existe una denuncia contra el médico legista.
Investigación y exigencia de justicia
Gabriela afirma que son tres los policías señalados: dos hombres y una mujer. Según su testimonio, entregó a Asuntos Internos los dictámenes médicos y periciales, así como testimonios relacionados con el caso; sin embargo, considera que la investigación ha sufrido una dilación procesal.
La madre relata que, después de una protesta frente a la Fiscalía en la región Laguna y de una manifestación en la que se bloqueó el Periférico, recibió información sobre una supuesta judicialización de la carpeta. No obstante, asegura que el caso no ha llegado ante un juez y que los policías fueron llamados a declarar, pero se reservaron su derecho a hacerlo.
Aline comenzó un tratamiento psiquiátrico y psicológico después de los hechos. Su madre también ha solicitado que se aplique el Protocolo de Estambul para investigar y documentar la presunta tortura, aunque afirma que no ha recibido respuesta.
Mientras continúa el proceso de recuperación de Aline, Gabriela mantiene la exigencia de que se esclarezca qué ocurrió durante las horas en que su hija estuvo bajo custodia policial y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se proceda conforme a la ley.
