El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este viernes 9 de octubre de 2026 las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y alertó que podrían afectar la capacidad del tribunal para investigar y procesar los crímenes internacionales más graves.
En un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres afirmó estar “profundamente alarmado” por las consecuencias de las medidas estadounidenses, especialmente en los casos remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU y en aquellos relacionados con países firmantes del Estatuto de Roma.
El jefe de Naciones Unidas sostuvo que la decisión representa “un duro golpe” para la búsqueda colectiva de justicia penal internacional. Añadió que la rendición de cuentas por crímenes internacionales y la justicia para las víctimas son esenciales para la paz, la seguridad y los derechos humanos.
La CPI, con sede en La Haya, confirmó que Estados Unidos impuso sanciones contra la institución como parte de una serie de medidas dirigidas previamente contra jueces y fiscales. El tribunal señaló que la acción busca obstaculizar su trabajo y llamó a los Estados parte a garantizar que pueda mantener sus operaciones.
La Corte recordó que fue creada mediante un tratado internacional y que 125 Estados parte le han encomendado investigar y enjuiciar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Guterres reiteró su apoyo a la independencia de la CPI y a sus funcionarios. También instó a todos los Estados a cumplir sus obligaciones bajo el derecho internacional y a respaldar los esfuerzos para que los responsables de los crímenes más graves rindan cuentas.
El secretario general añadió que la ONU mantendrá su cooperación con la Corte conforme al acuerdo de relación aprobado por la Asamblea General en septiembre de 2004, aunque ambas instituciones son independientes y tienen mandatos distintos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también calificó de inaceptables las sanciones y advirtió que forman parte de una serie de represalias contra la Corte y su personal por su labor en favor de la rendición de cuentas.
La controversia ocurre después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Netanyahu respaldó las medidas estadounidenses y describió a la Corte como una amenaza para las democracias y la soberanía nacional.
La ONU mantiene que la CPI es un pilar de la justicia penal internacional y ha expresado preocupación por las medidas que puedan debilitar su independencia o dificultar el acceso de las víctimas a la justicia.
