La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) condonó un adeudo de 500 pesos a Josefina Ramos González, de 70 años, quien protestó el jueves 15 de octubre frente a sus oficinas y posteriormente ante el Palacio de Gobierno de Mérida. La dependencia también se comprometió a verificar el suministro de agua en el domicilio de la mujer.
Además, el Gobierno de Yucatán informó que acompaña a doña Josefina en la gestión de una pensión de viudez cuya resolución corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por tratarse de una institución federal.
La protesta comenzó frente a la JAPAY
La mujer acudió durante la mañana del jueves a las oficinas de la JAPAY, ubicadas en el Centro Histórico de Mérida, para solicitar atención por un problema relacionado con el servicio de agua potable y por el cobro que, según su reclamo, ascendía a 500 pesos.
Tras permanecer sentada en la vía pública y solicitar hablar directamente con el director general de la dependencia, Francisco Torres Rivas, trasladó su protesta a las inmediaciones del Palacio de Gobierno. La movilización provocó el cierre temporal de un tramo de la calle para proteger su integridad.
Autoridades atendieron sus demandas
De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, personal de Atención Ciudadana, la jefa del Despacho del Gobernador y el director de la JAPAY acudieron para dialogar con ella. También se le ofreció atención médica, alimentos y ropa debido a las lluvias registradas durante la jornada.
La JAPAY confirmó la cancelación del adeudo y programó la revisión del servicio de agua en su vivienda. Sin embargo, doña Josefina decidió continuar en el lugar y señaló que permanecería en protesta hasta el sábado, cuando está prevista una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán.
La pensión debe resolverla el ISSSTE
El segundo planteamiento de la mujer está relacionado con el reconocimiento de una pensión de viudez. El Gobierno de Yucatán aclaró que el trámite debe ser resuelto por el ISSSTE, aunque ofreció acompañarla y solicitar la revisión de su expediente.
La gestión considera un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido el 10 de febrero de 2026, relacionado con la valoración de pruebas de convivencia y dependencia económica en casos de concubinato. La resolución de la pensión, no obstante, permanece a cargo de la institución federal.
Mientras la mujer permanezca en la vía pública, el Gobierno estatal indicó que mantendrá disponibles los servicios de Atención Ciudadana, el DIF Yucatán y personal médico para dar seguimiento a su situación.
