Un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), con respaldo de elementos navales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, provocó un altercado con habitantes de Laguna Colorada, al sur de Culiacán, durante la madrugada del jueves 15 de octubre de 2026. Una mujer identificada como Carlota fue detenida durante un cateo, mientras que otras integrantes de su familia fueron liberadas tras la intervención de vecinos.
El despliegue comenzó alrededor de las 3:00 horas y se extendió hasta la mañana. Las autoridades ingresaron a domicilios de la comunidad en cumplimiento de una orden judicial, de acuerdo con la información recabada durante el operativo.
Habitantes señalaron que los agentes pretendían retener a una joven y a su madre, quienes se encontraban en una vivienda junto con un menor. La presión de los pobladores derivó en la liberación de ambas, aunque Carlota permaneció bajo custodia para ser puesta a disposición del Ministerio Público federal.
La FGR sostuvo que durante la diligencia fueron localizadas sustancias u objetos presuntamente ilícitos dentro del inmueble. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué se aseguró, en qué cantidad ni cuáles serían los delitos que podrían atribuirse a la mujer detenida.
La confrontación aumentó cuando familiares y vecinos formaron una valla humana para impedir temporalmente la salida de las unidades oficiales. Los habitantes exigieron conocer el motivo de las detenciones y denunciaron presuntas irregularidades en el ingreso a las viviendas.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, acudió a Laguna Colorada junto con personal del organismo para dialogar con los funcionarios federales y escuchar los señalamientos de la familia. La CEDH también revisó las condiciones en que se realizó el cateo y la situación de las personas retenidas.
Durante la cobertura de los hechos, un reportero fue derribado y despojado de su teléfono celular, de acuerdo con los reportes sobre el lugar. La agresión ocurrió mientras habitantes y elementos federales discutían sobre el operativo y la permanencia de las personas bajo custodia.
Carlota quedó a disposición de las autoridades federales, que deberán determinar su situación jurídica. Las corporaciones participantes no han dado a conocer un informe detallado sobre los resultados del cateo ni sobre los objetos asegurados.
