La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reconocer como violencia familiar las conductas ejercidas contra animales de compañía cuando se utilicen para dominar, someter, intimidar, coaccionar, castigar o causar una afectación psicoemocional a otro integrante de la familia.
La propuesta fue presentada el 15 de octubre de 2026 ante el Congreso de la Ciudad de México y plantea adicionar dos párrafos al artículo 323 Quáter del Código Civil para el Distrito Federal. El objetivo es identificar una forma de violencia en la que perros, gatos u otros animales son utilizados deliberadamente como instrumentos de control dentro del entorno familiar.
¿Qué conductas contempla la iniciativa?
El proyecto considera que puede existir violencia familiar cuando una persona amenaza con lastimar a un animal para impedir que su pareja termine una relación, lo oculta para castigarla, lo sustrae para provocarle sufrimiento o lo abandona deliberadamente para obligarla a actuar de determinada manera.
La iniciativa establece que estas conductas deben utilizarse como un medio para controlar, intimidar, someter, coaccionar, castigar o causar daño emocional. Por ello, no todo acto de maltrato animal constituiría automáticamente violencia familiar bajo esta disposición.
La protección incluiría a distintos integrantes de la familia
El planteamiento contempla a mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores y cualquier integrante de la familia comprendido en el artículo 323 Quáter. La legisladora señaló que el temor por la seguridad de un animal puede convertirse en una barrera para abandonar una relación abusiva, denunciar o tomar decisiones personales.
Durante la exposición de la propuesta también se hizo referencia al testimonio de la cantante Joy Huerta, integrante de Jesse & Joy, sobre la separación de su perrita Pretzel cuando decidió salir de casa para protegerse.
Responsabilidades independientes
El texto propuesto precisa que el reconocimiento de esta modalidad sería independiente de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran derivarse del maltrato o la crueldad contra el animal, así como de otras formas de violencia previstas en la legislación.
La reforma tampoco busca equiparar jurídicamente a los animales con las personas ni incorporarlos a las relaciones de parentesco reconocidas por el Código Civil. Su propósito es reconocer que los vínculos de convivencia, cuidado y afecto pueden ser utilizados deliberadamente para ejercer violencia contra otra persona.
