El Senado de la República mantiene pendiente la aprobación de una reforma para tipificar como delito autónomo el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, pese a que desde 2011 se han presentado alrededor de 50 iniciativas relacionadas con el tema.
La discusión volvió a la agenda legislativa durante el foro “De la protección a la acción: evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado”, realizado en el Senado el 14 de octubre de 2026. En el encuentro se presentó una propuesta para sancionar la captación y utilización de personas por grupos delictivos, con agravantes cuando se trate de menores de edad.
Una reforma que permanece pendiente
De acuerdo con especialistas en protección de la infancia, las iniciativas acumuladas en el Congreso no han derivado en la creación de un tipo penal específico que permita investigar y sancionar el reclutamiento criminal desde el momento de la captación.
La propuesta analizada busca castigar a quienes seleccionen, convoquen, persuadan, coaccionen o enlisten personas para incorporarlas a grupos delictivos. También contempla sanciones para quienes financien o faciliten estas prácticas, así como penas mayores cuando se utilicen redes sociales, engaños, violencia, abuso de confianza o vulnerabilidad.
El reclutamiento afecta a las comunidades
Durante el foro, el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Jorge Nader Kuri, expresó respaldo a la tipificación autónoma del reclutamiento ilícito de personas y la consideró una respuesta sustentada en evidencia y orientada hacia los derechos humanos.
Juan Pablo Rodríguez, especialista en protección a la infancia de UNICEF México, señaló que el problema no debe entenderse únicamente como una conducta individual, sino como un fenómeno público que afecta a las víctimas, a sus familias y a las comunidades, debido al debilitamiento del tejido social.
La Red por los Derechos de la Infancia ha estimado que alrededor de 30 mil menores son incorporados cada año por grupos criminales para desempeñar tareas como vigilancia, distribución de drogas, siembra, cultivo y otras actividades delictivas. La cifra fue mencionada durante la discusión legislativa, aunque los especialistas han señalado la necesidad de mejorar los registros oficiales sobre el fenómeno.
Prevención y atención para las víctimas
Jorge Andrade Contreras, director de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, sostuvo que la respuesta no puede limitarse al derecho penal. También se requieren mecanismos de prevención, detección temprana, intervención comunitaria y entornos digitales seguros.
La propuesta legislativa plantea reconocer como víctimas a las personas reclutadas, con acceso a protección, atención y reparación integral. Asimismo, busca establecer criterios para distinguir la responsabilidad de quienes son obligados a reclutar a otras personas y considerar medidas especiales cuando la víctima sea menor de 18 años.
El senador Juan Carlos Loera de la Rosa afirmó que se necesita una respuesta firme contra quienes reclutan y utilizan a otras personas para cometer delitos, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Por su parte, Laura Esquivel Torres advirtió que la captación puede comenzar con la promesa de pertenecer a un grupo, por lo que resulta necesario ofrecer alternativas de desarrollo y una vida saludable.
La discusión legislativa continúa mientras organizaciones civiles, instituciones públicas y organismos internacionales buscan definir los alcances de una reforma que permita sancionar el reclutamiento, proteger a las víctimas y fortalecer las acciones de prevención.
