Una ola de apoyo en redes sociales se extendió en Estados Unidos alrededor de una exestudiante de la Universidad Cornell identificada en documentos judiciales como Jane Doe, quien acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla agredido sexualmente en octubre de 2024. El caso retomó relevancia después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designara a la fiscal general estatal, Letitia James, como fiscal especial para encabezar la investigación criminal.
La denunciante presentó en septiembre de 2026 una demanda civil contra Cornell, los siete exestudiantes y otras personas. En el documento sostiene que fue drogada con ketamina y quedó incapacitada para consentir los actos sexuales, una versión que contrasta con la interpretación inicial de las autoridades locales sobre su declaración de 2024.
El apoyo digital busca proteger su identidad
Miles de usuarios de TikTok, X e Instagram han utilizado el hashtag #IAmJaneDoe para respaldar el derecho de la denunciante a mantener su identidad en reserva. Algunas personas incluso han afirmado ser la mujer señalada en los documentos, con el propósito de impedir que su nombre sea difundido.
La movilización comenzó después de que el periodista Michael Tracey pidiera revelar públicamente la identidad de la denunciante y cuestionara la veracidad de sus acusaciones. La petición provocó críticas y convirtió el caso en un debate nacional sobre la privacidad de las víctimas de violencia sexual.
Nueva York retoma la investigación
La fiscalía local no presentó cargos en 2024. Tras la publicación de la demanda civil y la difusión de nuevos documentos sobre la investigación universitaria, el caso fue reabierto a finales de septiembre de 2026.
El 1 de octubre, Hochul firmó una orden ejecutiva para que la Oficina de la Fiscal General de Nueva York asumiera la pesquisa como fiscalía especial. La decisión ocurrió después de que la gobernadora expresara dudas sobre el manejo previo del expediente por parte de la policía universitaria y de la fiscalía del condado de Tompkins.
La investigación deberá determinar qué ocurrió durante la noche de octubre de 2024, cómo fueron documentados los testimonios y si existen elementos suficientes para presentar cargos. Hasta el 3 de octubre de 2026, los siete hombres señalados no habían sido acusados penalmente.
Debate sobre violencia sexual en campus
El caso también reavivó la discusión sobre la respuesta de las universidades ante denuncias de violencia sexual, el funcionamiento de las fraternidades y la diferencia entre los procedimientos disciplinarios internos y las investigaciones penales.
Mientras avanza la revisión estatal, la identidad de la denunciante permanece protegida en los documentos judiciales. La fiscalía especial deberá establecer los hechos con base en testimonios, registros y demás evidencia disponible, sin que las acusaciones representen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal.
